El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es el tributo que deben pagar los herederos al recibir una herencia en España. Se trata de un impuesto estatal, regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, pero cuya gestión y beneficios fiscales están cedidos a las comunidades autónomas. Esto significa que la carga fiscal puede variar enormemente de una región a otra.

En términos generales, la base imponible del impuesto se calcula a partir del valor neto de lo heredado (valor de los bienes y derechos menos las deudas y cargas deducibles). Sobre esta base se aplican reducciones, que dependen del grado de parentesco, la edad del heredero, la existencia de discapacidad u otros factores. Después se aplica el tipo impositivo progresivo, y finalmente se pueden aplicar las bonificaciones autonómicas.

Las diferencias entre comunidades son notables. Por ejemplo, en Madrid y en Andalucía existen bonificaciones cercanas al 99% para herederos directos (hijos, padres y cónyuge), lo que en la práctica supone pagar cantidades mínimas. En Cataluña, Comunidad Valenciana o Asturias, en cambio, la carga fiscal es mucho mayor y puede alcanzar importes significativos incluso en herencias entre familiares directos.

Además de las reducciones por parentesco, muchas comunidades aplican beneficios adicionales, como reducciones específicas para la vivienda habitual del fallecido, para empresas familiares o para explotaciones agrícolas. Estas ventajas están pensadas para facilitar la transmisión del patrimonio sin obligar a los herederos a vender bienes para pagar el impuesto.

El plazo para liquidar el Impuesto de Sucesiones es de seis meses desde el fallecimiento, aunque es posible solicitar una prórroga de otros seis meses si se pide dentro de los primeros cinco. No cumplir con este plazo implica recargos, intereses y sanciones.

En resumen, el impacto del Impuesto de Sucesiones en España depende en gran medida de la comunidad autónoma y de la relación con el fallecido. Por eso, antes de aceptar una herencia conviene informarse de la normativa autonómica aplicable y, en caso de duda, consultar con un profesional especializado en derecho sucesorio y fiscal.